Año de promesas y medias verdades

En los años de elecciones, las intervenciones de los políticos en los medios de comunicación deben ser prudentes y veraces , porque ya pasaron aquellos tiempos en los que, ingenuamente, por falta de experiencia, el público se tragaba todo como si fueran dogmas de fe , creyendo a pie juntillas, de paso, cuantas promesas redentoras salían del vocero de turno.

No hay peor propaganda que la de aquel político que trata de engañar o sorprender la buena fe de los que han sufrido las consecuencias de un programa de su partido, no cumplido, que en su día defendió fervorosamente. Viene esto a cuento, porque en uno de los espacios televisivos que ahora se prodigan, buscando cada cual el mayor respaldo posible, al Ministro que pasará a la historia por el dudoso mérito de haber ganado el “guiness” de los recortes, no se le ocurrió otra cosa que asegurar enfáticamente, que una de las reformas que se van a adoptar para beneficiar a los ciudadanos, consistiría en que ya no necesitarán de ahora en adelante aportar a la Administración documentación alguna que ya obre en poder de la misma. Flaco favor le ha hecho a su partido, al reconocer públicamente que , al menos en su Departamento, no se venían cumpliendo los derechos que concede a los ciudadanos la ley de procedimiento administrativo en su artículo 35, entre los cuales se encuentra el que ahora, sacando pecho, pretende introducir como novedad.

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Pero esto no viene sino a confirmar la prepotencia y el trato de favor que desde siempre se ha venido dando a la Administración a través de una legislación que está pidiendo a voces un cambio radical, porque cada vez va ocupando mayor influencia en la vida de la sociedad y ya no es posible defender la existencia de prerrogativas tales como la figura del silencio o el sistema de recursos previos a la vía judicial, que no hacen sino entorpecer y alargar unos procedimientos mediante trámites innecesarios. Si a esto se une la farragosa y complicada tramitación de las responsabilidades de la Administración y sus funcionarios, podemos llegar a la conclusión los de que somos ciudadanos de segunda, por mucho que nos quieran convencer de otra cosa.

Las reformas de la Administración deben de ser profundas, sobre todo encaminadas a mejorar el servicio a los ciudadanos, que secularmente se han considerado enanos frente a los gigantes que forman la Administración, teniendo para ello que transformar el miedo en confianza y, por favor, señor ministro ponga encima de su mesa una ley de procedimiento administrativo y repase de vez en cuando el artículo 35, no porque dudemos que conoce su contenido, sino por aquello de que no conviene olvidar los pocos derechos de los ciudadanos con minúscula.

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